Responsabilidad de Bienes

De conformidad con la Ley 734 del 2002, por la cual se expide el código único disciplinario y en atención a los lineamientos institucionales de transparencia y de control interno, la Universidad de Pamplona establece las responsabilidades de los bienes a los servidores públicos mediante el cumplimiento de los numerales 4, 21 y 22 del Artículo 34 y numerales 3, 34, 44, 52, 63  del Artículo 48.

 

ARTICULO 34 DEBERES DEL SERVIDOR PÚBLICO.

Numeral 4. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos.

Numeral 21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

Numeral 22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

 

ARTICULO 48 FALTAS GRAVISIMAS

Numeral 3. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

Numeral 34. No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.

Numeral 44. Favorecer en forma deliberada el ingreso o salida de bienes del      territorio nacional sin el lleno de los requisitos exigidos por la legislación aduanera.

Numeral 52. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación y no observar las políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad pública se expidan con el fin de producir información confiable, oportuna y veraz.