Unas de las cuestiones políticas, éticas y jurídicas más importante con que debe enfrentar la sociedad colombiana en la transición del conflicto armado interno a la profundización de la democracia, es como hacer frente al legado de las graves violaciones a los derechos humanos, y ¿este es a menudo el mayor problema potencial para desestabilizar el proceso de transición?. Ya que tales pueden ser afrontados por medio de amnistías, indultos, purgas, comisiones de la verdad, tribunales especiales, reparación a las víctimas y políticas de memoria. Este proceso de rendición de cuentas varía en función de la capacidad para extender las prácticas democráticas en el terreno político, institucional, social e ideológico.
Las políticas de verdad y justicia dependen del modelo de transición. Entendida la transición no sólo como un cambio de gobierno o con la firma de un acuerdo de terminación del conflicto, estas políticas van a depender de las creencias y de los valores de la sociedad. La transición negociada está orientada a la reforma, cuya característica es que la democratización tiene que coexistir y negociar el cambio, buscando un equilibro de poder entre las fuerzas de oposición al gobierno y de allí determinar las estrategias para enfrentar el pasado y las políticas adoptadas.
La justicia restaurativa puede constituirse en la oportunidad de afrontar el proceso de rendición de cuentas con el pasado y la garantía para la víctimas de conocer la verdad, obtener reparación, justicia y garantías de no repetición. Para la sociedad es una oportunidad de profundizar los cambios democráticos con la consolidación de la democracia a través de reformas institucionales, iniciativas sociales y voluntad política en aras de su legitimidad.
